A propósito de esa maldita costumbre de convertirlo todo en mercancía - Editorial Revista "AGUA"-

Hablar del problema del agua en Chile tiene cierto grado de tona­lidad dependiendo del espacio en donde uno se sitúe. Es decir las condiciones materiales y culturales van condicionando la percepción sobre el agua, su valor, como el discurso con el cual se analiza su utilización.

En el paño urbano el agua es distri­buido bajo un burocrático y com­plejo sistema de reparto en donde su mercantilización ya esta interna­lizada por los diferentes habitantes de la ciudad. Si bien entendemos la necesidad de una infraestructura que permita la circulación del agua potable como las aguas servidas dentro de las comunidades urba­nas, entendemos la privatización y la mercantilización de recurso en la urbe son propios de este mode­lo. Para aclarar algunos conceptos compartimos la conceptualización del proceso de mercantilización del doctor argentino José Castro: “Hablamos de mercantilización, lo cual no debe confundirse con la aplicación de principios económi­cos, como la asignación de precios a la gestión del agua, algo que mu­chas veces no se distingue en es­tas discusiones. Mercantilización, en este contexto, hace referencia a la circulación del agua como bien privado cuyo valor de cambio in­cluye una ganancia que es apro­piada por un agente privado quien detenta el derecho de propiedad”.

La acumulación exacerbada del Neoliberalismo ha generado un fenómeno similar en los sectores rurales, el agua ha sido privatiza­da y su ocupación es rematada al mejor postor del mercado. Se ha establecido un respaldo legal para su privatización, es decir constitu­cionalmente el agua es vista como un producto, que a la vez es vital, que se puede disputar a través del mercado.

Así podemos ir introduciéndonos que la concepción del agua se con­cretizan desde dos líneas. En la primera, se entiende el agua como un recurso vital, el cual permite el generar riqueza a través del co­bro por su distribución en ciudad, como elemento para la hidratación de proyectos agropecuarios en el cual esta tendría una acción direc­ta. La segunda forma de mercanti­lización tiene que ver con el agua y su uso como elemento secun­dario, esta clasificación entraría la acumulación generada a través de la extracción de recursos naturales como en la minería y a través de la generación de megaproyectos energéticos como hidroeléctricas.

“Según una investigación del pro­pio Christian Valenzuela, publi­cada este año en la Revista de la Comisión Económica para Amé­rica Latina y El Caribe (CEPAL), en regiones como Coquimbo, Val­paraíso y la Metropolitana, el pre­cio mercado del agua es entre 17 y 22 veces mayor que el valor de la multa por no uso. Antes que re­nunciar a sus derechos de agua, los titulares prefieren pagar la multa, mantener sus derechos y vender­los sin apuro al mejor postor con­forme aumentan los precios año a año. En Antofagasta y Atacama, el precio mercado del agua puede llegar a ser 100 veces superior a la multa por no utilizar el recurso. Así, el mecanismo que supuesta­mente castiga a quienes acaparan agua de manera ociosa para espe­cular y venderla ni siquiera rasguña a quienes lucran con el recurso.”

Si bien hasta el momento no hemos planteado nada nuevo, las ló­gicas de privatización y el uso del agua para su mercantilización no lleva más de 30 años como política nacional. Es un botón más de to­das las políticas privatizadoras que nos impusieron en la dictadura.

La regulación del elemento hí­drico en Chile está determinada por el código de Aguas de 1981, generado durante la dictadura mi­litar. “El código de 1981 demolió la institucionalidad vigente in­troduciendo un modelo único de gestión de aguas a nivel mundial, caracterizado por la nula regula­ción y una débil fiscalización ins­titucional. El agua se separó de la propiedad de la tierra, lo que fo­mentó la creación de un mercado paralelo estimulado por la entrega de agua gratuita, a perpetuidad y sin restricción de volumen a par­ticulares”.

Anterior al código de 1982 el de 1951, el estado tenía recurso y con­trol efectico sobre las aguas y sus posibles usos. Este cambio radical en la participación de ente regula­dor como el estado, no se debe a un mero capricho de economista que pretenden potenciar su uso. La regulación del uso del agua a través del mercado no es más que la mercantilización de ésta, es de­cir, ahora no es vista desde una perspectiva moral y comunitaria el agua, ha pasado a ser legalmente un producto transable, el cual pue­de ser privatizado y utilizado para la producción de riquezas de la mi­noría.

Por mucho que aún saquen a la mesa la “teoría del chorreo” como argumento, la ola privatizadora de nuestro recursos naturales durante los 80 no tenía como objetivo la colectivización de la riqueza.

Si bien ya hemos argumentado que el conflicto del agua tiene como esencia el desarrollo de neolibera­lismo en Chile por su privatización es vista como herramienta para la acumulación. El conflicto del agua, el cual se da con mayor intensidad en las provincias, en sí mismo es un conflicto de clases, puesto que de producto de la lógica del capi­talismo y su depredadora fase pro­ductiva neoliberal, teniendo como actores directos y en tensión a las grandes corporaciones mineras, proyectos hidroeléctricos, terra­tenientes empresarios agrícolas y ganaderos por un lado mientras que en el otro nos encontramos la inmensa mayoría de trabajado­res y campesinos que no logramos tener un acceso directo y digno a este vital recurso.

Bajo ese análisis es que sostene­mos que una salida al conflicto del agua tiene que ser sostenida bajo la misma percepción con que mi­ramos y vivimos los conflictos de clases.

Tanto como ecologismo y las pro­puestas del capitalismo verde no logran proponer cambios profun­dos a esta realidad, porque preci­samente el problema no radica en una desaceleración productiva ni el desarrollo de la sustentabilidad empresarial. El problema tiene una relación directa con las for­mas de producción como con el poder. Solo el desarrollo del poder popular, del control territorial de nuestros recursos naturales. Pero esto debe estar acompañado del desarrollo de una conciencia nue­va, que nos permita visualizar el agua como un elemento vital para el ecosistema en donde el hombre, la mujer y las comunidades son partes, es necesario comprender que el agua es un riqueza, pero so­cial, es un elemento colectivo no es de pertenencia privada de nadie y serán las comunidades quienes deberán superar las condiciones materiales que generan estas injus­ticias. No se puede pretender un desarrollo sustentable al proble­ma del agua sin la superación de las condiciones materiales que lo generan, es decir, es necesario ter­minar con esta sociedad de clases y su destructivo modo de produc­ción.

G. G.